domingo, 18 de diciembre de 2011

Casos de violencia de género copan expedientes insulares


18 dic, 2011 | El silencio se rompió hace pocos años. Las mujeres, y ahora también los hombres, dijeron ¡no más! a los maltratos y abusos por parte de familiares o allegados.
Debido al déficit de lugares donde acudir, decenas de personas se volcaron a “construir” fundaciones que ayudan a superar esas etapas y denunciar la violencia ante las autoridades.
Por su parte, directivos de los cuerpos de seguridad decidieron sumarse a solucionar esta problemática que día tras día se incrementa.
Con el paso de los años crearon oficinas de atención a la víctima, entre otras, las cuales están integradas por personal capacitado en diversas áreas para tomar la denuncia e indicar a la persona qué hacer, dónde acudir y qué harán ellos para ayudarla.
Otra de las instituciones es la Dirección de Atención a la Mujer Víctima de la Violencia, ubicada en el primer piso del edificio de la Prefectura en el sector Sabanamar, municipio Mariño. Allí tanto mujeres como hombres pueden denunciar hechos de violencia de los cuales sean víctimas.
La oficina cuenta con dos funcionarias del Instituto Neoespartano de Policía (Inepol), con la abogada Carmen Teresa Lovera y Esther Sánchez, pasante en Derecho, quienes orientan a la ciudadanía durante el proceso de denuncia.
La oficial agregada del Inepol, Jennifer Mata, informó que la unidad para la cual trabaja recibió desde mayo hasta la primera quincena de diciembre un total de 208 denuncias por distintos tipos de abusos o violencia de género, que fueron elevadas al Ministerio Público para que la justicia aplique la sanción.
Mata dijo que luego de que los fiscales toman el caso y lo evalúan, envían a la Unidad un memorando para que se inicie el seguimiento. Investigan desde buscar a los testigos que corroboren la versión de las víctimas, hasta localizar los objetos con los cuales las golpearon.
Luego aplican medidas de protección a la víctima, mientras sigue el curso del caso. La oficial agregado indicó que durante ese proceso se aplican las medidas que otorga el Decreto de Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Entre las medidas a aplicar están: prohibición de mensajes o llamadas, alejamiento, entre otros, todo con la finalidad de hacer prevalecer la ley y resguardar a la ciudadanía.



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